Gibraltar inglés (III)

¡Son una partida de incompetentes!. Ni el Ministro del Interior, ni el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ni la Vicepresidenta Tercera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ni el Presidente del Gobierno de España; ni el Consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ni el Presidente de la Junta de Andalucía han sido capaces de frenar las obras en la costa este del Peñón, aprobadas por el Gobierno de la Colonia, ante la pasividad de la potencia colonial y el silencio incomprensible del Consejo de Europa.

Digo incompetentes cuando debería decir cómplices. Sólo así puede explicarse que, día tras día, continúen vertiéndose al mar toneladas de piedras procedentes de una cantera andaluza para arrasar los fondos marinos de la costa este de un territorio europeo, situado en el sur del continente, catalogados como Lugar de Interés Comunitario por la Unión Europea y como Zona de Especial Conservación por el Gobierno de España.

Cómplices no solo el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, sino también nuestros representantes en las Instituciones Públicas (en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento andaluz y, también, en el Parlamento europeo), todos convidados de piedra —nunca mejor dicho— al desastre medioambiental que provoca, sin control, el gobierno gibraltareño; cómplices los responsables municipales de los pueblos de su Campo que miran hacia otro lado para que no se les recuerden sus propios desmanes medioambientales; cómplices, en fin, quienes hacen su agosto en el paraíso fiscal llanito.

Claman en el desierto, los grupos ecologistas: Verdemar Ecologistas en Acción, que ha denunciado a la Junta de Andalucía —sin éxito— que los rellenos que se llevan a cabo en la costa este del Peñón se están haciendo con piedras procedentes de las canteras de Casares; Verdes de Europa Tarifa, que —también en vano— ha denunciado la agresión ante la Unión Europea, que, echando balones fuera, mirando hacia otro lado, les ha aconsejado que se pongan en contacto “con las autoridades nacionales competentes […] encargadas de la gestión del espacio Natura 2000 y de la resolución de los posibles conflictos diplomáticos que puedan surgir de dicha gestión.”

Fig.1. Montaña de escombros y residuos contaminados junto a las torres Hassan, en la cara este del Peñón

Para “blanquear” el delito ecológico —y, sobre todo, para sacar partido del negocio— el gobierno gibraltareño ha decidido utilizar como material de relleno la montaña de escombros y residuos acumulados junto a las torres Hassan, en la cara este del Peñón, cuyo tratamiento, conforme a la doctrina vigente sobre la “prosperidad compartida”, no se realizará en territorio gibraltareño, sino en el término municipal de Los Barrios, en “una antigua instalación minera abandonada”; los trabajos necesarios serán llevados a cabo por la empresa unipersonal denominada Agencia Medioambiental Campo de Gibraltar, S.L., con sede en La Línea de la Concepción.

La empresa citada cuenta con la imprescindible “autorización ambiental unificada” —concedida por resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de fecha 15 de enero del pasado año— para poner en marcha el proyecto denominado «Instalación de tratamiento de RCD [R(esiduos) de C(onstrucción) y D(emolición)] en Explotación Minera Arenas de Castrillón», que producirá árido reciclado a partir de material de construcción y demolición procedente de Gibraltar, “de tal forma que sirva para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes [los del Peñón] y afiance las ¿buenas? relaciones entre España y el Reino Unido”.

En ningún momento se menciona en la documentación del proyecto que los materiales procedentes de la colonia no son sólo “residuos de construcción y demolición” sino también miles de metros cúbicos de tierra (procedentes de las excavaciones para la construcción del túnel subterráneo bajo el aeropuerto de Gibraltar —de 350 metros de longitud, de doble calzada y dos carriles en cada sentido para el tráfico rodado— y de un segundo túnel para uso peatonal contaminados con productos químicos que, en consecuencia, a menos que la administración andaluza rectifique y lo impida, “producirán” árido reciclado, también contaminado, que acabará vertido impunemente al mar.